El ministro de la protección social Diego Palacios, el mismo que ha sido inculpado y señalado por sus actuaciones oscuras en el proceso de la yidis política al haber ofrecido prebendas a Yidis Medina a cambio de su voto positivo en el proyecto de reelección presidencial que allano el camino para la reelección de Álvaro Uribe Vélez, manifestó el 17 de octubre a través de los medios de comunicación tradicional, la existencia de un plan para desestabilizar al gobierno. El actual ministro entendió por fin que todas las acciones de descontento popular en contra del régimen, el cual desde el año 2002 venimos manifestando y a que a diario se ensancha en Colombia, exijen la renuncia del ilegal e ilegitimo Presidente y su junta de gobierno.
Esta afirmación posteriormente fue ampliada por Oscar Naranjo; comandante de la policía Nacional, institución que en Santiago de Cali resulto tener agentes involucrados en la conformación de bandas delincuenciales que se asesinaron entre sí para encubrir sus crímenes y de la que a diario a lo largo y ancho del territorio nacional se presentan denuncias por su corrupción, vínculos con bandas de delincuencia común y narco paramilitares; este mismo personaje anuncio y afirmó que a través de pruebas técnicas habían logrado establecer que la cuadrilla sexta de las FARC ha estado “invitando, concertando y en todo caso estimulando los hechos de violencia”; reiterativa respuesta del gobierno al señalar todas y cada una de las acciones de oposición política e ideológica al régimen como acciones influidas o dirigidas por las insurgencia organizada en las FARC-EP.
El ministro del interior Fabio Valencia Cossio, cuyo hermano Guillermo Valencia es investigado por nexos con narcotraficantes; el ministro de agricultura que ha venido legalizando la expropiación y el desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas por el paramilitarismo se presentan hoy al departamento del Cauca, para confundir a la opinion publica nacional pretediendo hacer creer que tienen voluntad de negociar, pero manteniendo una actitud arrogante, y unas propuestas que en nada interpretan las exigencias de los manifestantes y menos por supuesto ayudan a resolver la grave situacion que viven las comunidades afrodescendientes del municipio de Villarrica, trabajadores corteros de caña, campesinos de los municipios de Corinto, Miranda y Caloto, comunidades indigenas de Toribío y Jambaló.
Queda claro que no existe una real vontad politica del gobierno para resolver las exigencias de los manifestantes sino la de los gremios y organizaciones que nada tienen que ver con las protestas y que se reunieron con estos altos funcionarios del gobierno.
Las mismas personalidades que deslegitiman las acciones de protesta vinculando a los manifestantes con las FARC manteniendo su doctrina del enemigo interno, desconocen la crisis económica, social y política y están involucrados en procesos de investigación y/o salpicados por la podredumbre de las instituciones del régimen que representan.
Las comunidades campesinas, indígenas y populares del PUPSOC mantendrán las acciones en la vía Panamericana, en tanto no se abran espacios de diálogo y negociación.
Por la renuncia de Álvaro Uribe Vélez
Por la defensa del territorio y la soberanía nacional.
Por el derecho de autodeterminación de los pueblos.
Contra las políticas estatales de aniquilamiento de la economía
campesina e indígena.
Por el acuerdo humanitario.
Por un gobierno democrático de amplia participación popular
Contra el Tratado de Libre Comercio y las multinacionales.
Proceso de unidad popular del sur occidente colombiano
Suroccidente de Colombia, 18/octubre/2008
